La Comisión Europea (CE) "no ve necesario modificar" la Orden Europea de Detención y Entrega para ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar, ha afirmado este viernes la titular europea de Justicia, Vera Jourova.

"No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos (...) Tenemos problemas pero de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo", dijo la comisaria en una rueda de prensa al término de un Consejo de Justicia.

La comisaria añadió que el Ejecutivo comunitario "no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catalogo de delitos tipificados, lo que no zanjaría las cuestiones que los Estados miembros encuentran en la aplicación de ese instrumento".

Añadió asimismo que la CE ha presentado recientemente "un manual sobre cómo emitir y ejecutar la euroorden, con recomendaciones importantes a las autoridades judiciales". En ese contexto, la comisaria añadió que Bruselas trabaja "en la mejora, pero no se planea modificar la decisión marco o introducir los cambios que plantea el Gobierno español".

Por su parte, ministro de Justicia de Estonia, Urmas Reinsalu, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, subrayó que este asunto no fue debatido hoy pero que como la orden existe desde hace casi trece años, "en ocasiones ha suscitado peticiones de revisión sobre si sigue actual o si ha envejecido". "La conclusión ha sido siempre que no debemos modificar en absoluto esa decisión (marco). Ha sido un instrumento funcional, algo así como la joya de la corona para el reconocimiento mutuo en decisiones judiciales", añadió.

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, defendió hoy la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, lista que a su juicio se ha quedado obsoleta, aunque ha desvinculado esta reflexión del caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.

A su llegada a la reunión de ministros en Bruselas, Catalá recordó que esa lista es de 2002 y "han pasado 15 años", aunque subrayó que España no tiene "ninguna propuesta concreta" sobre una nueva lista de delitos y que lo que quiere es "trabajar con los socios europeos", ya que "la sensibilidad jurídica de los Estados miembros es muy diferente"