El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves el rechazo de Alemania a conceder asilo político a André Shepherd, un soldado estadounidense que desertó en 2007 para no ser enviado a Irak.

Shepherd, de 33 años y oriundo de Cleveland (Ohio), estaba destacado en una base del sur de Alemania en el momento de su deserción en 2007. Entre 2004 y 2005, pasó cinco meses en Irak como mecánico de helicópteros. De regreso de esta misión, volvió a alistarse en el Ejército.

Al enterarse de que sería enviado nuevamente a Irak, desertó alegando que "no debía participar en una guerra que consideraba ilegal ni en crímenes de guerra que, según él, estaban siendo cometidos en Irak", resume el tribunal. En su solicitud de asilo alegó que por su deserción se le amenazaba con un proceso penal ya que, "desde el punto de vista estadounidense, la deserción es un delito grave" y "ello afectaba a su vida al exponerlo al rechazo social en su país".

En 2011, Alemania denegó la solicitud de Shepherd, cuya cónyuge es alemana. Sin embargo, el estadounidense recurrió la decisión ante un tribunal de Múnich, que a su vez pidió al tribunal europeo que "interprete la directiva (ley europea) sobre el estatuto de refugiado". Esta directiva especifica que "un acto de persecución puede, entre otras, revestir la forma de 'procesamientos o penas por la negativa de cumplir el servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento del servicio militar conllevaría delitos'", señala el tribunal.

Sin embargo, en su sentencia de este jueves, el tribunal estima que una intervención armada desplegada sobre la base de una resolución del Consejo de Seguridad "ofrece, en principio, todas las garantías de que en ella no se cometerán crímenes de guerra". Además, el hecho de que los Estados participantes en una coalición incluyan en su legislación el castigo de los crímenes de guerra "puede hacer menos verosímil la tesis según la cual un militar de uno de estos Estados podría verse llevado a cometer tales crímenes".

Según el tribunal, en este caso "no parece que las medidas a las que se expone un militar por negarse a cumplir su servicio (...) puedan considerarse desproporcionadas o discriminatorias hasta el punto de estar incluidas en los actos de persecución". Esto, teniendo en cuenta "el ejercicio legítimo" de un Estado de mantener sus Fuerzas Armadas.