Una pareja de lesbianas llevo a los tribunales a las autoridades sanitarias españolas por excluirlas del tratamiento de reproducción asistida que estaban siguiendo debido a una orden ministerial que saca de estos tratamientos a mujeres sin pareja masculina.

"Se presentó una demanda contra el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de Madrid y el hospital fundación Jiménez Díaz", dijo a la AFP este martes una portavoz de la organización Women's Link Worldwide, que asesoró a la pareja en este juicio, que quedó el lunes visto para sentencia.

Las demandantes consideran que con su exclusión del programa de fecundación artificial se vulneró sus derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la protección de su salud reproductiva.

La pareja había iniciado en abril de 2014 el tratamiento, pero en noviembre, el hospital madrileño Jiménez Díaz les informó de que quedaban excluidas del mismo, por lo que presentaron una queja al centro hospitalario.

El director del hospital les respondió que una nueva orden del ministerio de Sanidad, publicada en octubre, "afecta entre otros, a los tratamientos de reproducción asistida a mujeres sin pareja masculina", según un comunicado de Women's Link Worldwide.

La orden ministerial autoriza, entre otros supuestos, los tratamientos de fertilidad a las mujeres que no han podido quedarse embarazadas "tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos", lo que supone contar con una pareja masculina.

Ante esta situación, la pareja decidió emprender acciones judiciales, que cristalizaron en la vista llevada a cabo el lunes en la que "el ministerio, la consejería y el hospital se estuvieron tirando mutuamente la pelota", según la portavoz de Women's Link Worldwide.

Tras acudir a los juzgados, en mayo el hospital citó a la pareja bajo el argumento de que se estaba llevando a cabo una reevaluación de casos y pudo reanudar el tratamiento, aunque las dos mujeres decidieron seguir con la demanda en los juzgados.

La pareja siguió con la denuncia "no sólo para que ellas puedan ser madres, sino para que ninguna otra mujer que opta a la maternidad sea discriminada por el sistema público de salud", dijo Carmen Miguel, abogada de las demandantes, citada en un comunicado.